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| Imagen de archivo de la Junta Directiva |
La junta
directiva de la Federación de Asociaciones de la Memoria Histórica de la Región
de Murcia (FAMHRM) se reunió el pasado sábado en la capital para impulsar
reivindicaciones pendientes y abordar el diseño de actividades para el curso
que se inicia. La junta directiva decidió celebrar, con carácter anual y rotatorio, la
exaltación de la bandera republicana y el homenaje a las víctimas del
franquismo, coincidiendo con el 14 de abril, fecha de la proclamación de la II
República. Se decidió
empezar el próximo año en Cartagena y, en años siguientes, en otras localidades
en las que la Federación tenga implantación. Se vio la conveniencia, asimismo,
de trabajar para la extensión del movimiento asociativo memorialista por más
localidades y municipios de la Región.
Negativa al traslado de los restos del
dictador a la Almudena
La junta
directiva abordó, además, entre otros temas de plena actualidad, el debate y la
posición de la Federación ante la exhumación de los restos del dictador Franco
y su previsible traslado a la basílica de la Almudena. La Junta Directiva decidió elevar al
Gobierno su posición sobre este asunto, así como darla a conocer a los medios
de comunicación.
En su escrito,
recuerdan que el artículo 15 de la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica (LMH), en
relación con los símbolos y monumentos públicos dice, en su punto primero, que
"las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos,
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación,
personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la
represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de
subvenciones o ayudas públicas”; mientras que el punto 4 establece que “las
Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los
propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de ese
artículo".
Es evidente que la familia de Franco, en actitud de clara provocación, pretende
mantener la memoria del Dictador y de su Dictadura en un lugar tan relevante
como el que ahora disfruta en el Valle de los Caídos, por la preeminencia significativa
de la Catedral de la capital de España, su proximidad al Palacio Real y su
enclave en el corazón monumental, histórico y cultural de la capital del Estado
español, por lo que entendemos que ese traslado se convertiría en un
símbolo de la exaltación a la dictadura. Reclamamos, por tanto, que su tratamiento a la luz
de la LMH, debe ser el mismo que se dispensa a otros símbolos de mucho
menor rango.
Los restos del criminal no deben ser enterrados en la Almudena por la incoherencia que supone el que la Iglesia ofrezca un lugar tan señalado para el enterramiento de un
personaje marcado por la Historia como máximo responsable de la Guerra Civil,
de la posterior Dictadura, y por su probada responsabilidad en la comisión de
decenas de miles de crímenes calificados como de lesa humanidad, tipificados
por el artículo 607.bis del Código Penal vigente. De no ser así estimamos que
estaríamos ante una nueva agresión y ofensa a la memoria de sus víctimas, por
cuanto es del todo previsible que el lugar terminaría convirtiéndose en lugar
de peregrinaje, culto y referencia sentimental del sector social afín a la
ideología representada por el personaje, siendo un foco permanente de afrenta
pública y notoria a la memoria de sus víctimas y, probablemente, origen de
conflictos de orden público con ocasión de concentraciones y actos de
enaltecimiento franquista.
Advertencia
a la Iglesia y posible denuncia del Concordato con la Santa Sede de 1979
Recordamos que el Estado español dispone de una herramienta legal que debería ser aplicada con una voluntad política firme, en coherencia con la
aconfesionalidad reconocida al Estado constitucionalmente y que podría redactarse de la siguiente manera: "Considerando que el templo madrileño de La Almudena es propiedad de la Iglesia Católica,
entidad privada sometida al cumplimiento de la leyes generales del Estado
Español, cabe notificar a la máxima autoridad eclesiástica en tiempo y
forma que, en su caso, le sería aplicado el Punto 4 del artículo 15 de la Ley
52/2007 de la Memoria Histórica, por lo que no deberá autorizar la inhumación
de los restos del dictador Francisco Franco en la Almudena, ni en ningún otro
templo de su titularidad o bajo su jurisdicción religiosa, bajo apercibimiento
de denunciar y anular el actual Concordato
con la Santa Sede, suprimiendo las partidas destinadas a su sostenimiento
contempladas en los Presupuestos Generales del Estado, así como las exenciones
fiscales y convenios de todo tipo que viene disfrutando actualmente con las
instituciones estatales, autonómicas y locales, con cargo al erario
público".
Sólo hacen falta dos cosas: VALENTÍA Y DECISIÓN POLÍTICA.
