ANULAR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Sí, anular la Ley de Memoria Histórica. Quizás alguien se sorprenda ante esta publicación, en un momento que algunos ayuntamientos comienzan a plantearse acatar uno de sus apartados: el de la desaparición de los símbolos fascistas.

Pero la Ley de Memoria Histórica supone más, supone mucho más.

Discusión en comisión de las enmiendas a la ley

Cuando en diciembre de 2007 se aprueba la conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica, nacida en teoría para el reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, el texto de ésta resultó totalmente insuficiente para las asociaciones que venían demandando la recuperación de la Memoria.

Esta ley se promulgó después de un proceso de tres años de duración, tras la creación de una comisión interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y la búsqueda de su rehabilitación moral y jurídica, y ya al año de su creación, Ezquerra Republicana e Izquierda Unida mostraron su disconformidad con los resultados y presentaron proyectos alternativos, pero finalmente, después de negociaciones entre PSOE, IU, PNV y Bloque Nacionalista Galego, se aprobó una ley que no podía, de ninguna manera, satisfacer a las víctimas y que resulta imposible comprender que pudiera satisfacer a los partidos que la pactaron.

La ley, aprobada en el senado

Esta ley nació tocada. Y ello se debe a su afirmación de que la memoria de las víctimas del franquismo es personal y familiar. No habla en ningún momento acerca de que los delitos del franquismo se hayan cometido contra toda la sociedad, no habla de que se trate de crímenes contra la humanidad.

Según la ley, los juicios no son anulados, a pesar de que, en su preámbulo, reconozca "el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y violencia personal, dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia... contra quienes defendieran la legalidad institucional anterior". La ley declara los juicios ilegítimos, pero no son anulados. Y aunque el preámbulo establece que las demandas de revisión de juicios no podrán ser rechazadas, invocando las leyes de la dictadura, esto no se lleva a efecto.

De este modo, se niega el derecho al reconocimiento de la Verdad, a la Reparación, a la Justicia... La ley debería haber establecido una obligación por parte de los poderes públicos de garantizar estos derechos a las víctimas, y no lo hace.

En otro aspecto, la ley debería haber ordenado la apertura de las fosas comunes y no lo hace, sino que la deja en manos de las asociaciones privadas o las comunidades autónomas.

En otros apartados de la ley, como la desaparición de los símbolos de enaltecimiento del franquismo, se establece que "los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos", pero ni siquiera establece una fecha para su obligado cumplimiento, con lo que no existen herramientas legales a las que las asociaciones memorialistas nos podamos agarrar para conseguir esa mínima reivindicación.

Como dato ilustrativo, esta noticia del 10 de mayo aparecida en La Opinión, de A Coruña:

La Policía interrumpe un acto del BNG para pedir el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica

Los agentes identificaron a Xosé Manuel Carril, candidato nacionalista, por colocar un folio con el nombre alternativo debajo de la placa de la calle General Mola. Hay una veintena de medidas en este sentido en su programa

O esta otra, crónica de El Pajarito, del 20 de abril:

Protesta en La Aljorra contra el monolito franquista en el centro del pueblo

Convocadas por la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena (MHC), un grupo de personas se concentró este sábado en la plaza de la iglesia de la diputación cartagenera de La Aljorra –lugar en que se ubica un monolito con el yugo y las flechas situado en un lateral del templo–, para exigir la eliminación de la iconografía y simbología franquistas aún existentes en ese municipio en general y de ese icono en particular.

Aunque hay que reconocer que en los últimos meses algo ha cambiado, en lo referente a la retirada de símbolos, merced a la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP en algunos municipios, la ley sigue ahí: injusta e insuficiente.

Los pequeños pasos que se dan para el reconocimiento de las víctimas vienen dadas por la voluntad política de los grupos municipales, no impuestos por la normativa, por lo que, ni siquiera en el aspecto de la supresión de los símbolos es de esperar que se avance en muchos lugares.

Esta ley no hay que modificarla, como pidió el grupo de Izquierda Plural en 2012, hay que anularla.

Anularla y promulgar una NUEVA LEY en que se anule la ley de amnistía de 1977 y se determinen las responsabilidades por los delitos cometidos por los franquistas desde 1936 hasta 1975.

Hay que declarar nulos los juicios contra los republicanos y declarar ilegales a los tribunales que los juzgaron, hay que reconocer jurídicamente los derechos de los represaliados y dejar atrás los reconocimientos morales que nada aportan a las víctimas.

VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN