Ante la oposición por la retirada de la Cruz de los Caídos, las Federaciones de Asociaciones de Memoria Histórica de la Vega Baja y de la Región de Murcia, han suscrito un COMUNICADO CONJUNTO, denunciando la operación orquestada por sectores conservadores políticos y religiosos, para impedir el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y el acuerdo de pleno del Ayuntamiento, que obliga a la retirada de los símbolos franquistas.

La comisión gestora de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMH-RM) expresa por el presente comunicado su adhesión a la decisión del Ayuntamiento de Callosa de Segura, amparado no solo por la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, si no por estar legitimado por acabar con una ignominiosa discriminación, con la que la dictadura franquista distinguió a sus caídos, consagrándoles reconocimientos de todo tipo y dedicándoles en los espacios públicos, monumentos y placas ejemplarizadoras, al tiempo que infligía todo género de humillaciones y sufrimientos a las víctimas de la represión, quitándoles la vida y condenando su memoria al olvido social e institucional, hasta el tiempo presente.

El pleno del Ayuntamiento de la localidad alicantina de Callosa de Segura, aprobó el pasado día 4 de marzo de 2016 la retirada de la Cruz de los Caídos, existente frente a la iglesia de San Martín, en un espacio de dominio público de propiedad municipal, acuerdo que no pudo ser ejecutado, por la oposición en la tarde del pasado miércoles de un grupo de vecinos, que con exhibición de banderas franquistas y cantos del himno de la Falange, mostraron su identificación ideológica con lo que este símbolo representa, mientras otros portaban velas y escenificaban rezos procesionales, reivindicando el aspecto religioso de la cruz.

Las Cruces de los Caídos por Dios y por España, sembraron los atrios y los espacios públicos de las poblaciones españolas en la larga posguerra, como una seña de identidad de un nacional-catolicismo, imbricado como soporte moral del régimen franquista. Esta gestora recuerda que dicho régimen ha sido calificado por la ONU como de naturaleza criminal, y es esta significación la que desde una concepción histórica y democrática, debe prevalecer en nuestros días. Lamentamos por tanto que partidos democráticos como el PP e instituciones como la Iglesia no hayan comprendido aún esta circunstancia y se vean involucrados apuntalando situaciones como las vividas ayer en Callosa de Segura.

En el sentido anteriormente apuntado, la gestora de la FAMH-RM denuncia estos hechos y pide a quienes obstaculizan el cumplimiento de la Ley que no se impliquen en desvincular a este monumento de su significación ideológica, a sabiendas de que el pueblo de Callosa de Segura lo interpreta colectivamente con una inequívoca y expresiva denominación:

La Cruz de los Caídos …de los Caídos de Franco.

Murcia, 16 de diciembre de 2016

Félix Crevillén del Saz                         José Ángel Herrero Ruano

PRESIDENTE de COAHMI                 PRESIDENTE GESTORA FAMH-RM

NUESTROS MUERTOS

El culto a los muertos se ha manifestado siempre en todas las civilizaciones.

Según la cultura a la que se pertenece se honra a los muertos de una manera o de otra. Los funerales pueden contemplar la incineración, la inhumación, el ofrecimiento de los restos a las deidades a las que se rinde culto...  Pero lo que se repite siempre es la necesidad de de un ritual de despedida de los restos del ser querido, ritual que no puede hacerse patente sin el conocimiento del lugar en que éstos se encuentran.

En Europa se suele inhumar o incinerar el cadáver del difunto y llevar a cabo un ritual de despedida, tras el que el cuerpo o las cenizas se depositan en algún lugar de especial significado. 

En el caso de España se habitúa, en fechas señaladas, como el aniversario del nacimiento o el fallecimiento, o para el Día de los Difuntos, dirigirse a depositar flores, como acto de homenaje y recuerdo, en la sepultura del ser querido.

Pero este sencillo acto le está vedado a un gran número de familias españolas que, 40 años después de la muerte del dictador, continúan todavía con los cuerpos de sus familiares en las cunetas de las carreteras, o en el mejor de los casos, en fosas comunes que se encuentran en los mismos cementerios en los que fueron ejecutados ilegalmente por las tropas franquistas.

A esas fosas comunes se han dirigido durante este fin de semana muchas personas que querían depositar sus flores y rendir homenaje a los republicanos caídos por la Libertad, como es el caso de las existentes en los cementerios de Espinardo (Murcia) y Santa Lucía (Cartagena)

Pero quedan muchísimas familias que todavía quedan sin conocer el lugar donde se encuentran los cuerpos de aquellos de sus miembros que fueron asesinados por defender el legítimo gobierno de la II República, muchísimas las familias que no tienen lugar donde honrar y recordar a sus muertos, a nuestros muertos, porque ellos son los muertos, no de unos pocos, sino de muchos, son los muertos de todos los demócratas, de todos los que creemos en la democracia y la libertad.

Son nuestros muertos 

ANULAR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Sí, anular la Ley de Memoria Histórica. Quizás alguien se sorprenda ante esta publicación, en un momento que algunos ayuntamientos comienzan a plantearse acatar uno de sus apartados: el de la desaparición de los símbolos fascistas.

Pero la Ley de Memoria Histórica supone más, supone mucho más.

Discusión en comisión de las enmiendas a la ley

Cuando en diciembre de 2007 se aprueba la conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica, nacida en teoría para el reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, el texto de ésta resultó totalmente insuficiente para las asociaciones que venían demandando la recuperación de la Memoria.

Esta ley se promulgó después de un proceso de tres años de duración, tras la creación de una comisión interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y la búsqueda de su rehabilitación moral y jurídica, y ya al año de su creación, Ezquerra Republicana e Izquierda Unida mostraron su disconformidad con los resultados y presentaron proyectos alternativos, pero finalmente, después de negociaciones entre PSOE, IU, PNV y Bloque Nacionalista Galego, se aprobó una ley que no podía, de ninguna manera, satisfacer a las víctimas y que resulta imposible comprender que pudiera satisfacer a los partidos que la pactaron.

La ley, aprobada en el senado

Esta ley nació tocada. Y ello se debe a su afirmación de que la memoria de las víctimas del franquismo es personal y familiar. No habla en ningún momento acerca de que los delitos del franquismo se hayan cometido contra toda la sociedad, no habla de que se trate de crímenes contra la humanidad.

Según la ley, los juicios no son anulados, a pesar de que, en su preámbulo, reconozca "el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y violencia personal, dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia... contra quienes defendieran la legalidad institucional anterior". La ley declara los juicios ilegítimos, pero no son anulados. Y aunque el preámbulo establece que las demandas de revisión de juicios no podrán ser rechazadas, invocando las leyes de la dictadura, esto no se lleva a efecto.

De este modo, se niega el derecho al reconocimiento de la Verdad, a la Reparación, a la Justicia... La ley debería haber establecido una obligación por parte de los poderes públicos de garantizar estos derechos a las víctimas, y no lo hace.

En otro aspecto, la ley debería haber ordenado la apertura de las fosas comunes y no lo hace, sino que la deja en manos de las asociaciones privadas o las comunidades autónomas.

En otros apartados de la ley, como la desaparición de los símbolos de enaltecimiento del franquismo, se establece que "los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos", pero ni siquiera establece una fecha para su obligado cumplimiento, con lo que no existen herramientas legales a las que las asociaciones memorialistas nos podamos agarrar para conseguir esa mínima reivindicación.

Como dato ilustrativo, esta noticia del 10 de mayo aparecida en La Opinión, de A Coruña:

La Policía interrumpe un acto del BNG para pedir el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica

Los agentes identificaron a Xosé Manuel Carril, candidato nacionalista, por colocar un folio con el nombre alternativo debajo de la placa de la calle General Mola. Hay una veintena de medidas en este sentido en su programa

O esta otra, crónica de El Pajarito, del 20 de abril:

Protesta en La Aljorra contra el monolito franquista en el centro del pueblo

Convocadas por la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena (MHC), un grupo de personas se concentró este sábado en la plaza de la iglesia de la diputación cartagenera de La Aljorra –lugar en que se ubica un monolito con el yugo y las flechas situado en un lateral del templo–, para exigir la eliminación de la iconografía y simbología franquistas aún existentes en ese municipio en general y de ese icono en particular.

Aunque hay que reconocer que en los últimos meses algo ha cambiado, en lo referente a la retirada de símbolos, merced a la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP en algunos municipios, la ley sigue ahí: injusta e insuficiente.

Los pequeños pasos que se dan para el reconocimiento de las víctimas vienen dadas por la voluntad política de los grupos municipales, no impuestos por la normativa, por lo que, ni siquiera en el aspecto de la supresión de los símbolos es de esperar que se avance en muchos lugares.

Esta ley no hay que modificarla, como pidió el grupo de Izquierda Plural en 2012, hay que anularla.

Anularla y promulgar una NUEVA LEY en que se anule la ley de amnistía de 1977 y se determinen las responsabilidades por los delitos cometidos por los franquistas desde 1936 hasta 1975.

Hay que declarar nulos los juicios contra los republicanos y declarar ilegales a los tribunales que los juzgaron, hay que reconocer jurídicamente los derechos de los represaliados y dejar atrás los reconocimientos morales que nada aportan a las víctimas.

VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN